Por hoy me aparto de la dictadura mediática que obliga a políticos y opinadores, que en Venezuela es la misma cosa, a considerar exclusivamente los temas que ocupan lugar destacado en los noticieros de la TV, como si el resto de la realidad no existiera o no tuviese repercusiones importantes.

Dicho esto paso a comentar una aberración que viene sucediendo de un tiempo para acá y que consiste en que el Estado venezolano que es multipropósito porque se propone ser y hacer todo lo habido y por haber, y que precisamente por querer abarcar tantas cosas termina siendo incapaz de cumplir los deberes inherentes a sus funciones propias, pretende entonces y ante las fallas evidentes, que sea la sociedad quien se encargue de hacer lo que no le corresponde a ella porque se trata de responsabilidades del Estado, y que además lo haga de manera gratuita.

¡Que mollejas dirían en Maracaibo, pero así van las cosas!

Fíjense amigos que todo comenzó cuando los estatistas que legislaban en el fenecido Congreso de la Cuarta, a mediados de los años noventa del siglo pasado, pensando en que el Estado ya era para esa época incapaz de administrar justicia, se les ocurrió votar a manera de imbecil solución una ley, “Orgánica” para mayor precisión, en la que se pretende que los jueces de paz actúen de manera gratuita, “ad honoren”.

Es decir que el funcionario que debe evitar que los conflictos originados en la convivencia vecinal, que son la mayoría, se conviertan en fuentes de riñas o crìmenes antes de conseguir una soluciòn, el funcionario que tiene el poder de enviar a cumplir condena de privación de libertad a un vecino hasta por una semana, o multarlo o condenarlo a trabajos comunitarios, que debe substanciar expedientes aún cuando los jueces de paz lo hacemos “informalmente”... lo haga gratis.

La estupidez, porque de eso y de desorden se trata, continuó y fue potenciada en la Constitución de 1999 donde una vez reconocido en el preámbulo por los Constituyentes que el Estado multipropósito es incapaz de controlar a sus funcionarios, ofrecer seguridad o planificar adecuadamente, en vez de acabar con la condición “toera” del Estado –para concentrar esfuerzos en las funciones propias- se refuerza tal aberración cuando se propone y legaliza a manera de ingenua solución que sea la sociedad quien sin recursos, apoyos o competencias y gratuitamente, se encargue de la llamada “contraloría social”.

Es decir que lo que no pueden hacer los funcionarios a dedicación exclusiva, entrenados para ello y bien pagados... lo hagan los vecinos... quitándole tiempo al trabajo productivo que es la obligación bíblica de todo ser humano para alimentar honestamente a su familia... y que esto se haga gratis.

Podría señalar otros casos que se van acumulando en leyes y ordenanzas de reciente data pero para terminar “por ahora” solo me basta recordar a la Reserva Militar que supuestamente y por una miseria dicen que va a cumplir las funciones que no cumplen los militares de carrera por estar ocupados en otras actividades como vender frutas.

También se puede incluir en esta colección de disparates a los Consejos Locales de Planificación que gratuitamente harán lo que los concejales bien pagados y dotados de costosas oficinas no hacen o lo hacen muy mal.

¡Ineficaz bochinche contra el cual solo existe el antídoto liberal que es poner al Estado en su puesto y no en el altar donde lo colocan los estatistas!

Lamentablemente no hay quien administre ese “antídoto” porque para ello se necesita un partido liberal y tanto el oficialismo como el escualidismo están demasiado enfermos de estatismo como para ser considerados en serio.