Como corresponde en un país que va dando tumbos, llevado de la mano por la falta de ética y compromiso de quienes fungen como sus dirigentes, el TSJ "innova" en materia jurídica por vía de la Sala Constitucional cuando el máximo tribunal anula la sentencia del 14 de agosto de 2002 mediante la cual se habían declarado inocentes a los militares que actuaron el 11 de abril de ese año durante los sucesos que para la historia quedarán marcados como el “Carmonazo.”

No soy jurista ni siquiera abogado y mis conocimientos en la materia no pasan de lecturas de tragalibros y unas clases de Derecho Constitucional que recibí coleado como “oyente”, hace décadas, cuando el doctor Rafael Caldera era profesor universitario, que eso quede claro.

Sin embargo no se necesita mucho seso para considerar que esta revisión a un asunto que se consideraba “cosa juzgada” es por decir lo menos una “novedad” en materia jurídica.

Durante dos años y medio el país dejó pasar la sentencia ahora derogada por el TSJ ya que se mantuvieron bajo sordina las protestas de algunos Magistrados contra la composición de la Sala Plena que libró de culpa a los complotados del 11 de abril de 2002, entre ellos el magistrado Mora, actual Presidente del TSJ –sentencia considerada “errada y grotesca” por la ponencia que elaboró el doctor Carrasquero y que votó unánimemente la Sala Constitucional-.

Este “dejar pasar” hizo suponer que los generales Vásquez Velazco y Pereira Olivares, así como el vicealmirante Ramírez Pérez y el contralmirante Comisso Urdaneta –primo del actor Orlando Urdaneta- gozaban de libertad plena porque la metida de pata ya había sido juzgada, mal juzgada diría uno.

Pero, no, hay "novedades".

Y hay “novedades” porque la apreciación de “errada y grotesca” que revela la pluma de Francisco Carrasquero en la sentencia de la Sala Constitucional del viernes 11 de marzo de este año, sirvió de base para que el TSJ se lave las manos al decidir sin darle la razón ni al Fiscal General quien probablemente esperaba que el TSJ confirmara que la “Carmonada” fue un golpe de Estado y no un “vacío de poder”, así como tampoco se le dio la razón a los militares involucrados en el hecho que esperaban, a manera de milagro, que el TSJ de hoy siguiera actuando como cuando lo manejaba Miquilena. Incluyendo en esta cuenta al trisoleado Lucas Rincón que pasará a la historia por aquello de “le fue pedida la renuncia, la cual aceptó”.

¡Los hilos del poder estàn hoy dìa en otro lado!

No quisiera meterme en los dimes y diretes que probablemente contribuyan a separar aún más a los venezolanos.

A separarnos no solo los “unos” de los “otros” sino a separarnos de la verdad, de la objetividad y de otras virtudes que son las que hacen a un pueblo noble y grande.

Por eso digo que si bien resulta extraño que una parte del TSJ revise el fallo de la totalidad de sus miembros; igual resulta imposible tragarse, salvo que uno sea estúpido o esté confabulado en una agenda personal, el que una persona que no ejercía ni siquiera como miembro de una junta parroquial, como era el caso de Pedro Carmona Estanga, se autojuramentara como Presidente, sobre una Biblia en vez de la Constitución, como si lo estuviesen invistiendo de Cardenal, y procediera de inmediato a destituir y nombrar a todos los poderes de la república a su leal saber y entender.

Eso fue un golpe de Estado para bien y para mal.

Una “innovación” por otra dirán los cínicos pero eso es triste porque prefiero un país en el que el doctor Carrasquero no tenga que enmendar con una “innovación” la bárbara “innovación” que el ex magistrado Arriechi –casi como decir Don Luis Miquilena- nos impuso en 2002 cuando a la macha y con mucho billete de por medio puso al TSJ a decidir que el 11 – A no hubo golpe en Venezuela.

Pero como digo más allá de los hechos ya ocurridos queda el camino por recorrer y a ese fin una lección debe quedar en pie a partir de esta “innovación” jurídica del TSJ.

Venezuela necesita un gobierno que gobierne para el todo y no para las partes o para los vivos.

Y a ese respecto la primera prioridad política puede y debe ser luchar contra el empobrecimiento generalizado tras décadas de estatismo rampante.

Si, pero la primera prioridad institucional es el Sistema de Justicia que hasta ahora es y ha sido la Cenicienta de los poderes del Estado.

Un gobierno liberal en el futuro tendrá que garantizar la independencia del Poder Judicial y del Sistema de Justicia en general.

Los alcaldes liberales están obligados a impulsar la Justicia de Paz que es la única descentralizada a ese nivel.

Y el Ejecutivo Nacional por su parte no puede seguir planteando presupuestos guiados por la óptica del estatismo socialista que no garantizan la atención a las funciones propias del Estado y una de ellas, quizás la principal es la justicia.