Cuando la Presidenta de la Sala Constitucional del TSJ leyó la decisión que admitió la legalidad de “las morochas” sin querer dio por terminada la más absurda polémica de los últimos tiempos, incluyendo los cuarenta años, los siete que le siguen y quizás el resto del siglo.

Por tres meses, el lapso que separa la decisión del TSJ y las municipales de agosto, Venezuela sufrió un bombardeo mediático en el que los misiles balísticos se substituyeron con crónicas de terror en las que el papel de tsunami, huracán y panela come ropa se lo asignaron los confabulados a las “morochas” como si la falta de empleo, la inflación y la inseguridad que sufre la población se originaran en una modalidad de presentar los candidatos a cargos electivos –las “morochas”- que el ex gobernador Lapi inventó en el 2000.

Tan “embolatados” estuvieron en estos meses los periodistas y locutoras con sus “morochas”, porque la estupidez o la maldad son más dañinas que la droga, que no cayeron en cuenta que la ahora Presidenta de la Sala Constitucional es la misma persona que hace unos años, en Yaracuy, fomentaba invasiones de fincas acompañada por Pablo Medina y otros personajes menores que ahora son diputados del gobierno.

Esos si son problemas importantes a los que la sociedad debería encontrarle solución.

Me refiero a los problemas originados en las invasiones de fincas, en el pasado de la Presidenta de la Sala Constitucional, y como dato anecdótico y menor, el de Pablo Medina como vocero mediático de “la oposición”.

En Venezuela a pesar de lo que diga el Presidente no hay suficientes hacendados y campesinos como para asegurar suficiente “seguridad alimentaria” que es un viejo anhelo de la izquierda.

Y esos pocos hacendados y campesinos, que deberían ser cuidados como la recién nacida infanta española, hoy día están atemorizados por las invasiones y también por la manera de aplicar la Ley de Tierras porque las preocupaciones las tienen todos: Invasores e invadidos.

Unos amanecieron con sus haciendas ocupadas por personas que aseguran tener derechos a las tierras y no se sabe con certeza de dónde provienen esos derechos.

Los otros invadieron para tener algo “suyo” y ahora comprenden que el Estado venezolano no les dará títulos de propiedad sino “derechos de uso” que más adelante se pueden revocar por razones políticas cuando cambie el mandamás local.

Para resolver este temor fundado de unos y otros es necesaria una Ley que llamó en mi ignorancia “De Borrón y Cuenta Nueva”.

Una Ley que permita acabar con los temores de invasores e invadidos, proteger la propiedad, la producción y el trabajo, al tiempo que se legalizan algunas situaciones de facto.

Una Ley que reconozca y defienda para siempre la propiedad de los que están sobre la misma tierra, para decirlo con prosa prestada.

Una Ley revolucionaria, porque en Venezuela el capitalismo popular lo es, instryumento legal que no la promoverá el gobierno socialista y tampoco la oposición primitiva y morochera porque como hemos visto la vigente Ley de Tierras fue votada por casi todos los diputados “de oposición”.

Por cierto, estos diputados “de oposición” frente a la inminencia de las elecciones no proponen soluciones al problema que muchos de ellos crearon al apoyar la Ley de Tierras y pretenden que el electorado los reelija a cuenta del cuento de “las morochas”.

Tal vez por carecer de un programa legislativo que se pueda considerar como alternativa al Socialismo del Siglo XXI como por ejemplo el Capitalismo Popular de RESISTENCIA CIVIL... se conforman entonces estos candidatos “opositores” con aplaudir las tonterías de los directivos de la otra oposición insulsa, esquelética y calabacera.

Una Ley de “Borrón y Cuenta Nueva” es labor de futuro y lógicamente no será apoyada ni por los diputados del gobierno ni tampoco por los 20 o 25 que sacarán los viejos y nuevos partidos de la oposición.

Esto no importa porque desde la calle se pueden movilizar las personas decentes para conseguir millones de firmas y promover la entrada a discusión de esta tan necesaria ley.

En eso estamos.